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Pulso político no ha dejado que se vote ratificación del Acuerdo de Escazú

Alan Buitrago

Por: Redacción Política / El Espectador

En su primera discusión en el Congreso, no se llegó a un mínimo acuerdo para votar a favor o en contra. Dudas frente a la soberanía del país y el apoyo a que Colombia tenga un ordenamiento territorial son las dos posiciones enfrentadas.

Este miércoles, mientras el Congreso discutía por primera vez la ratificación del Acuerdo de Escazú, Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, se encontraba en el Río Magdalena, atendiendo los problemas ambientales que se presentan en el torrente que atraviesa 11 departamentos. Dijo que estaba allá por los “malos manejos ambientales” que se replican en todo el país, justamente por carecer de un ordenamiento ambiental. Específicamente, está revisando cómo los recursos del Estado se podrían estar perdiendo por un manejo de un carrusel en el tema de los dragados “y no vemos ordenamiento territorial” del principal afluente que tiene el país, que significaría caos para los pueblos del Sur de Atlántico.

Y es precisamente eso, una jurisdicción ambiental, lo que convoca el Acuerdo de Escazú para que sea aplicado en Colombia. Aunque el presidente Iván Duque ha pedido que se ratifique por el Congreso, su discusión ha sido, sobre todo, un espacio de confrontación con más disensos que consensos, lo que ha impedido que se llegue, por lo menos, a su votación.

Desde el Magdalena, Trujillo le reiteró a los congresistas de las comisiones segundas de Senado y Cámara (que sesionaron en conjunto para abordar el tema) que para la Procuraduría el acuerdo es transparente. Pese a la negativa de los congresistas del Centro Democrático, que han insistido en sus dudas frente al pacto, Trujillo les trató de resolver una de ellas: el miedo a la supuesta renuncia a la soberanía si Colombia se acoge nuevamente al pacto internacional.

“No se puede hablar de renuncias de soberanía porque en este país no existe la justicia ambiental y no hay un sistema para la solución de los conflictos que emergen del uso del territorio”, comentó Trujillo, agregando que ese acuerdo es una oportunidad histórica para establecer la transparencia, el acceso a la información ambiental y de tierras y la protección a los líderes ambientales.

“Es en este ejemplo en el territorio que le quiero demostrar al Congreso la necesidad de que exista transparencia en la información ambiental, que nos permita tener un registro de áreas devastadas y deforestadas, y otro registro de la propiedad pública que no existen en este país. Por esa ausencia es que continúan apareciendo conflictos por el uso y la posesión de la tierra en este país”, ilustró Trujillo a las comisiones.

No obstante, aunque los legisladores de la oposición están en la línea del procurador delegado, los argumentos no menguaron las divisiones en la sesión. Las horas de discusión las dedicaron a reforzar cada uno sus percepciones del pacto internacional que quiere comprometer a los países de América Latina y el Caribe a aplicar la justicia ambiental, un tratado resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Entre los otros argumentos en contra, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, expresó que “la consulta previa a las comunidades étnicas debe ser un requisito que se debe cumplir” antes de ratificar el Acuerdo.

 

Presidente @IvanDuque, no solo era firmar el #AcuerdoDeEscazú, su compromiso no puede ser a medias.

Líderes mundiales y ganadores del Nobel de Paz le han solicitado que contribuya para dar trámite al proyecto que ratifica #EscazúAhoraColombiapic.twitter.com/m8o4nEGPX6
— Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) November 4, 2020

A su vez, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, por medio de su director académico, Carlos Chacón, expresó que Escazú no se debe ratificar por “el alcance interpretativo de los principios del Acuerdo”. “Esto se vuelve complejo aún más por los problemas de activismo judicial que enfrenta el país”, fue otra de las preocupaciones de Chacón. Mientras esto ocurría desde esa orilla, la oposición insistió en los beneficios que representaría para el país y recalcó en que la idea de una violación a la soberanía por medio del Acuerdo no venía a lugar.

La sesión, sin embargo, no pudo avanzar más allá de las intervenciones y exposición de los motivos para apoyar o desaprobar el convenio. Hubo, incluso, una proposición para archivar la ratificación. Entonces, mientras unos pedían que se archivara, otros solicitaban más discusiones sobre el impacto y alcance del Acuerdo, y otros pedían que se votara en ese espacio. Juan Diego Gómez, presidente de la Comisión Segunda en Senado, logró concertar con los congresistas que aún no se va a votar.

El pulso político sigue hasta que se realicen dos foros regionales (uno podría ser en Neiva o Ibagué y el otro en Cúcuta o Bucaramanga, por los conflictos ambientales que se viven en esos territorios), para que participe la ciudadanía y, una vez el Congreso escuché otros puntos de vista, pueda proceder a votar. Si se vota positivo, pasa a las plenarias de las corporaciones para definir el último jalón por ratificar el Acuerdo de Escazú. Si no pasa, simplemente se hunde y Colombia queda por fuera de la firma, de la que ya hacen parte países como Belice y Dominica, y al que no reiteraron su unión Perú y Chile.